El caso de Camila Flores volvió a poner sobre la mesa las sanciones que contempla la legislación chilena para quienes registren, exhiban o difundan imágenes íntimas sin consentimiento. La senadora denunció que una cámara instalada en su domicilio registró fotografías y videos de carácter sexual que terceros difundieron sin su autorización.
La situación generó una ola de reacciones en el mundo político y reabrió el debate sobre la denominada "pornovenganza". Las personas suelen utilizar este término para describir la divulgación de contenido íntimo en contextos de relaciones afectivas previas o tras el término de una relación.
- Zúmbale Primo se arrepiente de haber tocado en campaña de José Antonio Kast
- Hotel de Jorge Zabaleta: Cuánto cuesta hospedarse en Desértica, el exclusivo refugio del actor en San Pedro de Atacama
En este caso, la parlamentaria apuntó públicamente contra su expareja, Percy Marín, y confirmó que presentó los antecedentes ante la justicia. "Es increíble lo que el despecho y la falta de entendimiento pueden provocar. Cuando una persona no quiere estar con otra y la relación se termina, no significa que se deba destruir la vida de otro", expresó Flores.
¿Qué dice la ley sobre la filtración de imágenes íntimas?
El caso también motivó muestras de apoyo transversales desde distintos sectores políticos. Entre quienes condenaron la situación estuvieron la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, y la exministra Antonia Orellana, quienes calificaron los hechos como "repudiables".
Pero, ¿qué dice la ley chilena sobre este tipo de conductas? La Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres reconoce la difusión no consentida de imágenes íntimas como una forma de violencia sexual. Frente a esto, establece distintas sanciones dependiendo de la gravedad de los hechos.
En concreto, los responsables de este delito arriesgan penas de prisión de hasta 60 días y multas entre las 5 y 10 UTM. La normativa establece estas sanciones sin importar cómo los responsables obtuvieron las imágenes.
Sin embargo, las consecuencias legales aumentan cuando existe difusión, envío o publicación del material. En esos casos, la legislación establece penas de presidio menor en su grado mínimo, que van desde los 61 hasta los 540 días de cárcel, además de multas de entre 11 y 20 UTM para los responsables.